El Ayuntamiento de Miajadas ha rechazado ceder su remanente al Gobierno central

En la sesión plenaria ordinaria correspondiente al mes de septiembre, el punto principal a tratar fue la solicitud del Gobierno central a los Ayuntamientos españoles de la cesión voluntaria de sus remanentes, una petición que el Ayuntamiento de Miajadas ha decidido rechazar.

Una decisión apoyada en unanimidad por los demás partidos, tanto PP, Cs, y UPM, y un punto que ya había sido incluido en las mociones de urgencia.

En la moción presentada por Francisco de Sales, Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos del Ayuntamiento de Miajadas, defendieron que esta cesión supondría una pérdida de autonomía de la administración local. Un dinero que han ahorrado en los últimos años y que puede utilizarse para paliar las consecuencias provocadas por la pandemia de la Covid-19.

El concejal del Partido Popular de Miajadas, Martín Alcántara, expuso en la moción de urgencia de su partido la necesidad de poder disponer del 100% de los remanentes de Tesorería, sus ahorros y los ahorros de los vecinos, generados durante los últimos años para implementar aquellos servicios y medidas que permitan actuar contra la pandemia y la crisis sanitaria, social y económica derivada de la misma, sin poner en riesgo la capacidad financiera de la entidad local. Aunque fue retirada tras conocer la posición del gobierno local al respecto.

Al mismo tiempo solicitan una transferencia de una parte proporcional de los Fondos Europeos que reciba España a las Entidades Locales para poder compensar el impacto del Covid-19 en sus ingresos y gastos presupuestarios; así como la creación de un fondo de 5.000 millones en ayudas directas e incondicionadas a las Entidades Locales y de fondos específicos por valor más de 1.000 millones de euros para compensar el déficit en los servicios de transporte públicos y para cubrir el coste de la colaboración de las Entidades Locales en la gestión del Ingreso Mínimo Vital.

El partido solicita a los órganos competentes de la FEMP la reprobación de su Presidente, Abel Caballero, por no transmitir con diligencia y transparencia información sobre las negociaciones con el Ministerio de Hacienda al resto de miembros de los órganos de gobierno de la institución, ni defender los intereses de las EE.LL, e insta al Ministerio de Hacienda a cumplir con el acuerdo consensuado por todas las fuerzas políticas en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias.

Juan Leopoldo García, concejal de Unidas por Miajadas, presentó una moción de urgencia en defensa de la educación pública para garantizar una vuelta segura, aprobada por unanimidad, solicitando la contratación de personal docente y no docente para bajar la ratio y garantizar las distancias de seguridad y los protocolos de prevención frente a la Covid-19.

El partido insta al gobierno autonómico a adoptar las medidas higiénico-sanitarias necesarias para poder iniciar el nuevo curso escolar de una manera segura, garantizando el reparto de geles, mascarillas y cuantos recursos sean necesarios entre el alumnado, así como que se ponga a disposición de los Ayuntamientos los medios económicos necesarios para poder afrontar las nuevas necesidades de limpieza y desinfección y que se comprometa a hacer una relación de centros, locales y espacios que puedan ser utilizados para ampliar los espacios de los centros docentes, y dotar a los centros educativos de los recursos materiales necesarios para poder garantizar una educación telemática, ante la posibilidad de una nueva suspensión de la actividad docente presencial en el curso 2020-21.

La segunda moción presentada por Unidas por Miajadas, aprobada también por todos los partidos, correspondió a la regulación de vehículos de movilidad personal, como patinetes, ruedas eléctricas o ciclos de más de dos ruedas, solicitando la elaboración de una Ordenanza Municipal que regule el uso de los vehículos de movilidad personal en la que se recojan todas las responsabilidades asociadas al manejo de los mismos, así como los espacios de utilización autorizados en las vías públicas y, hasta entonces, delimitar y señalizar las vías en las que sea posible su uso o no, exigiéndoles un seguro de responsabilidad civil para accidentes. Estas ordenanzas deberían ser elaboradas, según el partido, por una comisión formada por los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento, con el asesoramiento e informes de policía local, técnicos de urbanismo, secretaría, participación ciudadana y cuantos servicios sean necesarios en un plazo no superior a dos meses.