Ocho residentes de San Martín de Porres pierden su plaza pública por un error administrativo

El pasado 16 de noviembre la Junta de Extremadura aprobó el expediente y el gasto para la contratación del servicio de 210 plazas de estancias residenciales para personas en situación de dependencia y baja intensidad de cuidados. La residencia San Martín de Porres se presentó como licitadora para el lote 15, correspondiente a Miajadas y Las Villuercas.

Una vez concluidos los plazos de presentación de propuestas y evaluada la documentación administrativa, la consejería de Sanidad y Políticas Sociales desistió del procedimiento de adjudicación de dicho lote por «no garantizar las condiciones del secreto de las proposiciones al abrir el registro general por un error involuntario en los sobres de la residencia». Según las familias afectadas, el motivo de dicha desestimación es que los sobres llegaron abiertos por un error «burocrático y humano».

El resultado final es que las plazas pasan de ser públicas a vinculadas y ahora las familias de los residentes deberán asumir un coste económico mayor o solicitar un cambio de centro como le ha ocurrido a un matrimonio de ancianos que no puede afrontar todos los gastos y se ha trasladado a Almoharín. Los afectados y sus familiares reclaman que «la administración es la única y exclusiva responsable del error y, como tal, debe asumirlo y resolverlo sin causar perjuicio a los residentes».

El alcalde, Antonio Díaz Alías, recibió a la plataforma de afectados en su despacho y se puso en contacto con la directora gerente del Sepad, María Consolación Serrano, y con el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, sin obtener respuesta alguna. Después de un tiempo esperando contestación de la Junta, el alcalde socialista aconsejó a los residentes y a sus familiares «hacer lo que ellos considerasen oportuno», ya que según su argumentación, su obligación es «la defensa de mis vecinos antes que los intereses de mi partido».

Para el grupo de usuarios y familiares afectados, «es inadmisible consentir que acciones burocráticas y ajenas a todos nosotros puedan estar por encima de las personas, sufriendo las consecuencias de las mismas los más débiles, en este caso nuestros mayores».

Apoyo

El portavoz popular, Juan Luis Isidro, se mostró sorprendido. «Parece mentira que en la era de la informática ocurran estas cosas», reflexionó Isidro. Se quejó, además, de que «haya menguado la dotación económica» con la pérdida de 60 plazas a nivel regional y confirmó que desde su grupo han hecho llegar documentación a sus diputados para que hagan la pregunta pertinente en la sesión plenaria. Por su parte, Juan Félix Soto, portavoz de IU-PPI pidió a la administración que «corrija el error y vuelve a sacar las plazas» y catalogó el silencio o la no escucha como una «actitud cobarde».

Justo unos minutos antes de tomar la palabra Toñi, los tres grupos políticos representados habían aprobado una moción para instar a la Junta de Extremadura y a la consejería de Sanidad y Políticas Sociales a que, «a la mayor brevedad posible, vuelva a convocar a pública licitación el lote 15 de Miajadas-Las Villuercas». También piden que, mientras se reanuda el proceso de licitación o se buscan soluciones, «se mantenga a las personas que hasta el momento eran titulares de estas plazas en las mismas condiciones que se encontraban».

El grupo de afectados ha confirmado que «llevarán esta demanda a las estancias necesarias incluso por vía legal para hacer valer los derechos de los residentes» y para la recuperación de esas plazas «por y para Miajadas».