El agua potable seguirá siendo gestionada de forma indirecta

El pleno ordinario celebrado la semana pasada, con los votos a favor de PSOE y PP, y en contra de IU-PPI, aprobó el inicio del contrato mediante concesión del servicio de abastecimiento del agua potable. Esto supone que la prestación seguirá siendo gestionada de forma indirecta por una empresa, después de que haya sido desechada la opción de hacer municipal el servicio.

La primera de estas concesiones se hizo en el año 1994. Tres años más tardes se realizó una segunda concesión que sufrió varias prórrogas hasta que, ya agotada la validez del contrato, el Ayuntamiento tuvo que denunciarlo el año pasado con la intención de hacer una licitación con otros requisitos.

La decisión la ha tomado el actual equipo de gobierno después de tener en cuenta los estudios del pliego y de las posibles alternativas a la actual por parte de los técnicos del Consistorio. Según explicó el alcalde, Antonio Díaz Alias, «se trata de un servicio público con un requisito sanitario cada vez mayor que requiere un control exhaustivo del agua», lo que hace necesario que se haga cargo «una empresa con prestigio en el sector».

Los técnicos y el equipo de gobierno también han estado sopesando que su gestión fuera pública. Esta opción fue desechada una vez estudiada la especialización que requiere el servicio y una vez tenidos en cuenta los datos contrastados con otros Ayuntamientos. El PSOE argumenta que en el momento actual el Ayuntamiento «no podría garantizar los requisitos necesarios mediante gestión directa». A esto habría que sumar, según fuentes del Ayuntamiento, «la imposibilidad de la subrogación de los empleados, por lo que serían despedidos, y el encarecimiento de los productos necesarios y de las facturas de luz».

Diferencias

Esta propuesta del PSOE sacó a relucir las diferencias de opiniones con IU-PPI con respecto a la gestión, formación con la que el actual equipo de gobierno está llegando a acuerdos esta legislatura. El grupo político izquierdista se mostró partidario de la «remunicipalización del agua». Y para ello, su portavoz, Juan Félix Soto, puso ejemplos de ciudades que han tenido litigios con Aqualia y/o que han remunicipalizado el servicio.

Desde el equipo de gobierno defienden que lo que se consigue con esta concesión es «el compromiso de la empresa concesionaria de respetar con pulcritud un reglamento del servicio pensado y redactado para el bien de la vecindad y para que no se cometan excesos con los usuarios».

Todos los grupos estuvieron de acuerdo en marzo del año pasado con poner fin al contrato de gestión del agua que estaba en manos de Aqualia y que finalizó el pasado 1 de abril. Una vez decidido el tipo de gestión se difundirá un pliego de condiciones el año que viene para que todas las empresas interesadas soliciten hacerse cargo de la gestión.