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Tractorada de protesta en Semana Santa, donde surgió la plataforma 27M.
Una 'cruzada' por unos precios dignos

Una 'cruzada' por unos precios dignos

El secretario general de Agricultura de la Junta, Javier Gaspar, recibió días atrás a los agricultores

REDACCIÓN HOY MIAJADAS

Lunes, 20 de agosto 2018, 16:08

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La plataforma agraria 27M, que surgió tras la tractorada de protesta organizada en Semana Santa, ha vuelto a resurgir en plena campaña enarbolando ahora la bandera de unos precios dignos para los productos agrícolas que producen.

La plataforma la forman representantes de municipios de la comarca de Vegas Altas y sur de Cáceres, como Villanueva de la Serena, Don Benito, Orellana, Valdivia, Zurbarán, Gargáligas, Miajadas, Guadalperales, Madrigalejo, Hernán Cortes, Palazuelo, Torviscal, Vegas Altas, Valdehornillos, Torrefresneda, Santa Amalia y Vivares.

A principios de agosto se reunieron con representantes de la Junta de Extremadura, en concreto con el secretario general de Agricultura, Javier Gaspar Nieto, para reclamar el apoyo por parte del Ejecutivo extremeño en la aplicación de precios dignos en la agricultura de la región.

Durante el encuentro, los responsables de la plataforma le transmitieron una serie de puntos que creen pueden ayudar a conseguir unos precios más justos para el sector, con el fin de alcanzar una rentabilidad mínima asegurada para las explotaciones, sin que ello signifique una merma o perjuicio para el resto de la cadena de comercialización.

Reclaman unos precios dignos para el agricultor pues aseguran que los costes de los productos que consumen son muy elevados, mientras que los precios de los productos y de la materia prima que producen son cada vez más bajos.

Así, alertan que «las subidas que los fabricantes, almacenistas y cooperativas aplican cada año sobre nuestros consumos, no guardan relación alguna con el IPC». Como apunta el portavoz de la plataforma, Herminio Íñiguez, se exige un «control sobre precios de suministros, para que su subida vaya referenciada a los precios de lonja». Como señala, «las simientes y semillas certificadas no pueden subir más que el precio de producción final en lonja».

Además, entre otras cuestiones, solicitan más control de la venta a pérdida y las entregas de productos sin precio.

Por ello, piden un aumento de los controles en campo y almacenes para que estas prácticas desaparezcan. «Tenemos la impresión de que se persigue al agricultor con inspecciones por parte de seguridad social y hacienda y en cambio no percibimos esa presión de inspecciones sobre la cadena alimentaria».

Igualmente, consideran que la Junta de Extremadura debería luchar porque todas las materias primas que salgan de Extremadura vayan etiquetadas con el precio de origen y precio que se pagó por ellas en tierras extremeñas. Por ello, exigen un doble etiquetado obligatorio de todos los productos del campo.Otra cuestión que pusieron encima de la mesa fue la de establecer aranceles o exigencias de control sanitario o trazabilidad, para productos que entren del exterior y que se producen en Extremadura. «Las importaciones que llegan a precios por debajo del coste de producción en Europa a pesar de ser deficitarios, como el arroz, maíz,. deberían llegar con el mismo nivel de exigibilidad en la producción que se establece dentro de territorio europeo. Hay que compensar de alguna manera los costes extra que tienen los agricultores europeos por exigencias de la Unión Europea».

Segruo de rentabilidad

En la reunión con el representante de la Junta, también se propuso la posibilidad de crear y financiar un seguro de rentabilidad de la producción, que cubra la venta con pérdidas y «que impida así la ruina del agricultor que debe vender sus producciones por debajo del coste de producción, a veces provocada por la entrada en el mercado de productos similares».

También se pidió una modificación en la normativa de peritaciones de agroseguros, para que sea más ajustada en las peritaciones de siniestros graves. Se considera que actualmente los costes son altos y hay mala gestión en los siniestros.

Además, la plataforma exige a la administración regional y nacional que las ayudas estén bien dotadas económicamente para atender a todas las solicitudes que se efectúen.

También se solicita mayor bonificación del gasóleo agrícola y rebajas en tarifas de luz con destino a agricultura. «El agricultor no puede competir en precios con productos procedentes de países donde el precio del gasóleo es ridículamente bajo o donde la electricidad o el regadío no tienen coste».

Por último, los agricultores creen que la administración regional «debería mediar en la contratación de la venta de nuestras producciones, como por ejemplo en el tomate e impedir que se venda cualquier producción por debajo de coste». Como añaden, «se ha de imponer que la firma de los contratos se haga en invierno para poder plantear la explotación con tiempo suficiente, permitiendo replantear los cultivos de una explotación llegado el caso de no continuar con el tomate».

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