POLÍTICA Y SOCIEDAD ·
El partido defiende que las empresas privadas tienen como principal objetivo conseguir la mayor rentabilidad económica, y no quieren que se repita lo ocurrido con Tierra de BarrosREDACCIÓN HOY MIAJADAS
Miércoles, 24 de febrero 2021, 20:47
Unidas por Miajadas ha propuesto a la Junta de Gobierno Local que se tengan en cuenta las entidades sin ánimo de lucro para gestionar próximamente el Centro de día y Pisos tutelados. Así mismo solicita que se tengan muy en cuenta los certificados de calidad en atención social y que prioricen en su contratación a colectivos con dificultades de inclusión.
Recordemos que en el pasado pleno ordinario de febrero el Ayuntamiento acordó gestionar de forma directa hasta el cumplimiento de contrato con la actual empresa Tierra de Barros, debido a que los trabajadores llevaban tres meses sin cobrar.
El partido defiende que los servicios públicos han de ser realizados de manera directa por las Administraciones Públicas, «porque las empresas privadas tienen como objetivo conseguir la mayor rentabilidad económica, sólo les mueve el afán de lucro y este no es el mejor indicador para la consecución de unos servicios públicos de calidad», afirman. Sin embargo, en caso de la imposibilidad de ello, abogan por usar conciertos con el tercer sector, siendo las asociaciones y/o entidades sin ánimo de lucro con experiencia, quienes gestionen y presten estos servicios.
Lamentan, que dadas las medidas que el Ayuntamiento se ha visto obligado a tomar, no se hayan mantenido todos los puestos de trabajo, como solicitaron en el último pleno.
Son conocedores de que se están redactando los llamados 'Pliegos de condiciones' para volver a privatizar el servicio en cuanto sea posible.
Por ello han emitido una nota de prensa en la que solicitan una serie de aspectos a tener en cuenta en la licitación, para que lo que ha ocurrido con la empresa Tierra de Barros, no vuelva a suceder.
Que tengan prioridad en la licitación las entidades sin ánimo de lucro, las que cuenten con certificación de calidad en atención social, las que prioricen en su contratación a colectivos con dificultades de inclusión y quienes posibiliten la participación de usuarias y familiares en la organización de los centros.
Que los licitadores cuenten con una representación equilibrada de la plantilla en cuanto a género, que faciliten la incorporación del voluntariado social en las tareas y actividades de los centros, sin que ello pueda suponer la sustitución del personal empleado, y que cuenten con planes de conciliación familiar, personal y laboral.
Que sean causas de exclusión del licitador si ha experimentado el licitador la rescisión anticipada de un contrato público anterior o un contrato de concesión anterior o la imposición de daños y perjuicios u otras sanciones comparables en relación con ese contrato anterior. Tener en cuenta también si el licitador o algunos de sus administradores o apoderados tienen sentencias firmes condenatorias por despidos improcedentes o nulos realizados a sus subordinados.
Por último, piden que se contemple como falta muy grave, y por tanto que conlleve la resolución del contrato, si la empresa incumple cualquiera de sus obligaciones para con la plantilla, ya sean laborales, de seguridad social, de prevención de riesgos, de falta de pago, de retraso en el mismo, etc.
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