El Tribunal de Cuentas critica el retraso en las ofertas de empleo de la Junta

El Tribunal de Cuentas critica el retraso en la ejecución de las ofertas de empleo público de la Junta de Extremadura, lo que considera que lleva a recurrir en exceso a las comisiones de servicio, en ocasiones por encima de los plazos estipulados por la normativa autonómica.

La entidad ha publicado su informe sobre la gestión de la Administración regional en el año 2017, en el que reitera sus propuestas sobre la reordenación del sector público y el control del gasto. En materia de personal, cita la demora en los procesos entre la aprobación de las ofertas de empleo, la convocatoria de los exámenes y la resolución de las oposiciones.

El Tribunal de Cuentas destaca que a comienzos del ejercicio en cuestión había plazas pendientes de resolver de las ofertas de 2010, 2011 y 2016 y otras a la espera de convocatoria de 2014, 2015 y 2016, a las que se sumaron las más de mil de la oferta de empleo de ese año.

En su informe reseña que las 306 plazas de laborales de las ofertas de empleo de 2010 y 2011, pendientes a la conclusión del ejercicio fiscalizado, no se produjo hasta 2018. Asimismo, apunta que las únicas plazas resueltas durante 2017 corresponden a las ofertas de 2010 y 2011 (270 de funcionarios que fueron convocadas en 2013) y 331 ofertadas en 2016 correspondientes a docentes.

En cuanto a la oferta de empleo de 2014, diez fueron acumuladas a la de 2016 y otras 38 plazas del Servicio Extremeño de Salud (SES) de ese mismo año se sumaron a las aprobadas en 2017, siendo convocadas en ese ejercicio.

Sin embargo, los retrasos acumulados en procesos anteriores motivaron que 40 plazas (30 para personal laboral y diez de funcionario de turno libre) caducaran por no haberse convocado en los plazos determinados por la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que obliga a ejecutar las ofertas en un periodo improrrogable de tres años.

El Tribunal de Cuentas afirma que la demora en la resolución de los procesos selectivos pendientes motiva, entre otras razones, «el mantenimiento de un elevado número de puestos ocupados en comisión de servicio».

Estos puestos se ocupan por personal debido a una necesidad determinada. La Ley de Función Pública de Extremadura, en vigor desde abril de 2016, establece que esta medida debe tener carácter provisional y no puede durar más de dos años.

El informe del organismo auditor indica que a finales del ejercicio 2017 había en la Junta de Extremadura 3.901 comisiones de servicio, de las que 1.409 eran de Administración General, 796 del SES y 1.696 de personal docente. Esto supone una reducción de 136 respecto al ejercicio anterior. Pero esa caída se concentró en las consejerías con 340 menos, mientras que en los sectores sanitarios y docente crecieron.

El Tribunal de Cuentas añade que 784 de estas comisiones de servicio (476 de Administración General y 308 del SES) tenían una duración superior a dos años, lo que supone una vulneración del citado precepto de la Ley de Función Pública.